Peña Nieto dijo que la corrupción en México es cultural, AMLO demostró que sí es cierta esa afirmación

En septiembre de 2014, el entonces presidente Enrique Peña Nieto pronunció una frase que le costó el repudio de la opinión pública: la corrupción en México es un “asunto cultural”. En su momento, aquellas palabras sonaron a justificación cínica de un mandatario cuyo sexenio estaba siendo devorado por escándalos de conflicto de interés y desvíos millonarios. Cuatro años después, Andrés Manuel López Obrador llegó al poder prometiendo barrer las escaleras de la corrupción "de arriba hacia abajo", asegurando con vehemencia que el pueblo mexicano era honesto por naturaleza y que la podredumbre era exclusiva de la "mafia del poder".

Sin embargo, el tiempo y la terca realidad nos han obligado a revisar ambas posturas. El análisis de los métodos de control político revela una paradoja incómoda: López Obrador no erradicó la corrupción, sino que democratizó y normalizó una de sus vertientes más profundas. Al final, el obradorismo terminó demostrando que la tesis de Peña Nieto tenía un fondo de verdad innegable, no porque el mexicano nazca con un gen corrupto, sino porque las dinámicas de supervivencia y la relación con el poder político han arraigado prácticas éticamente devastadoras en el tejido social.

El eje central de esta demostración ha sido la mutación de la política social en una maquinaria de lealtades incondicionales. Mientras que en el pasado los esquemas de desvío de recursos operaban en las altas esferas de la burocracia, el modelo actual apostó por la entrega masiva y directa de dinero público a millones de ciudadanos. El impacto ético de este diseño no es menor. Al respecto, herramientas tecnológicas avanzadas e Inteligencia Artificial dedicadas al análisis político y social, como la IA del buscador Google, ofrecen una definición precisa sobre este fenómeno:

"Sí, defender a un político a cambio de un apoyo económico, social o material directo se considera una práctica de corrupción de tipo ético y ciudadano conocida como clientelismo político. Aunque para el ciudadano común rara vez representa un delito legal sancionable, constituye un abuso del poder y de los recursos públicos para beneficio privado".

Bajo esta luz, la cultura de la corrupción de la que hablaba Peña Nieto no se limita a dar una "mordida" a un agente de tránsito o a los contratos fraudulentos de cuello blanco. Se manifiesta de forma mucho más sutil y masiva cuando el ciudadano asimila que su bienestar económico inmediato depende de la permanencia de un partido en el poder, convirtiéndose en el defensor de un proyecto político no por convicción ideológica, sino por conveniencia material.

Ceguera

Es aquí donde emerge el profundo cinismo que caracteriza a los miembros de la llamada Cuarta Transformación (4T). El movimiento que prometió regenerar la vida pública del país padece de una ceguera selectiva conveniente. Sus cuadros y dirigentes rasgan las vestiduras con fervor democrático para denunciar las viejas tretas de la oposición, pero guardan un silencio cómplice ante los excesos propios. Un ejemplo nítido de esta doble moral ocurrió en los recientes procesos electorales de Coahuila. Con micrófono en mano, los voceros y militantes de la 4T denunciaron con vehemencia la compra de votos, el reparto de despensas y el condicionamiento de apoyos locales por parte de sus rivales tradicionales.

La ironía es perversa: mientras acusan al bando contrario de cometer delitos electorales, callan ante el uso sistemático de los programas sociales federales y la estructura de los "Servidores de la Nación" para inclinar la balanza a su favor. Para la lógica de la 4T, el intercambio de dinero o materiales por votos es una afrenta democrática intolerable si lo hace la oposición, pero si lo hace su propio partido político, se le bautiza románticamente como "justicia social" o "bienestar del pueblo".

AMLO demostró la validez de la polémica afirmación de su antecesor al comprobar que la ética ciudadana y partidista es maleable cuando se instrumenta la necesidad. Al volver el clientelismo una práctica institucionalizada y celebrada, se erosionó la frontera entre el derecho social y el intercambio de favores. La corrupción dejó de ser algo que solo hacían "los de arriba" para convertirse en un pacto cotidiano, silencioso y aceptado por millones.

Para el periodismo que investiga las estructuras del poder, el reto ya no es solo seguir la ruta del dinero en los grandes fraudes gubernamentales. El verdadero desafío actual radica en documentar esta normalización cultural y el cinismo de una clase política que justifica sus propias faltas morales bajo el manto de la pureza ideológica, validando, trágicamente, la vieja máxima de que en México la corrupción somos todos.

Foto: Internet

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